¿Escuchar música sin escuchar a los músicos?

Por Alberto Cañada

Diversas asociaciones y colectivos de artistas y otros profesionales del ámbito de la música
vienen reclamando desde hace décadas que las administraciones públicas españolas les
tomen en serio.
Por una parte, consideran imprescindible establecer unas condiciones laborables y fiscales
realistas y dignas, acordes con la singularidad del sector. Por otra, exponen que se da una respuesta
diversa y a menudo contradictoria entre administraciones autonómicas y locales en la
regulación de la actividad musical en locales y en la calle.
El brillo de la fama y el glamour del escaparate de la gran industria ocultan ante la sociedad la
realidad de un mercado que mueve grandes cantidades de capital alrededor de un reducido
número de artistas, mientras que un sector profesional inmensamente más amplio, que
constituye la base social sobre la que se sostiene ese mercado, solo es utilizado con criterios de
beneficio económico o político sin que se emprendan medidas que atiendan a sus necesidades.

A nivel internacional, un estudio de la UNESCO publicado en 2019 por la ONU expone que «Los
artistas trabajan principalmente sobre una base contractual, independiente e intermitente y sus
ingresos siguen disminuyendo, fluctuando y siendo inciertos. El resultado es una reducción de sus
contribuciones fiscales, lo que da lugar a un menor acceso a la seguridad social, las pensiones y otras
prestaciones sociales. De hecho, el mayor subsidio para las artes no proviene de los gobiernos, los
patrocinadores o el sector privado, sino de los propios artistas en forma de trabajo no remunerado
o mal pagado.»

En el caso español, las administraciones públicas continúan ignorando estas cuestiones y las
recomendaciones relativas a la Condición del Artista que emanaron de la Conferencia General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de 1980.
Un informe de AMPE (Asociación de Músicos Profesionales de España), publicado el pasado
diciembre, presenta un panorama poco alentador, denunciando la precariedad laboral y la
insuficiencia de la regulación adoptada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con la
modificación del Régimen Especial de Artistas de 2003 -otro asunto pendiente es la necesidad de
rebajar el IVA cultural-.
También revela las diferencias entre CCAA en sus normativas sobre conciertos en pequeño formato y,
en un tercer nivel, la disparidad de criterio por municipios, en muchos de los cuales se mantienen
abiertos conflictos por la regulación de conciertos en espacios cerrados y en la calle.

La implicación de los tres niveles administrativos en las competencias que afectan al sector hace
todavía más compleja su interlocución con los afectados.
Por último, los números confirman el sentido de estos informes. La prensa publicó en 2017 un
estudio promovido por la Universidad de Nebrija y la de Granada sobre el sector profesional del arte
que estimaba que, en España, un 47 por ciento de los artistas ingresan menos de 8.000 euros
anuales. Pero además, cerca del 64 por ciento, recibe unos ingresos inferiores a 1600 euros al año
por una actividad que pueda ser considerada artística.

Se trata pues, de un problema complejo con distintas aristas. La falta de percepción de su
existencia por parte de la ciudadanía, deslumbrada por el brillo de las estrellas de la «gran industria» en
los medios de comunicación, el uso interesado y a menudo clientelista de la música por parte de la
política y la inflexibilidad y desidia de las administraciones, a lo que podríamos sumar la
heterogeneidad de los colectivos afectados y porqué no decirlo, una buena dosis de individualismo entre los artistas.
Para que se siga generando la creatividad y para que continúe habiendo música en nuestro entorno,
es necesaria una toma de conciencia colectiva del respeto que merecen quienes desarrollan
actividades musicales, primordialmente por parte de los responsables políticos y los gestores de las
administraciones públicas. Eso se ha de plasmar en un marco normativo justo, abierto y flexible, que
mejore la situación de los profesionales del sector y potencie, como valor añadido, una industria musical
verdaderamente sólida en nuestro país.